Resumen: El deber de motivación supone que las resoluciones judiciales han de venir apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión, es decir, cuál ha sido su ratio decidendi. No obstante, lo anterior no implica que la motivación deba ser en todo caso pormenorizada o exhaustiva, siendo suficiente en ocasiones una escueta exposición de la misma. Las manifestaciones de las víctimas de los delitos pueden tener la consideración de prueba testifical con aptitud para destruir la presunción de inocencia, ahora bien, deben de concurrir varios parámetros que debe manejar el juez penal cuando valora la declaración del denunciante como prueba de cargo, exigiendo la concurrencia de requisitos tales como, la ausencia de incredibilidad subjetiva, la corroboración del testimonio por determinados elementos periféricos, y la persistencia y coherencia en la declaración incriminatoria. Individualización penológica. Encierra un ámbito de discrecionalidad que el legislador ha depositado en principio en manos del Tribunal de instancia.
Resumen: Se desestima la pretensión del condenado en la instancia por delito contra la salud pública de que se le apreciara la atenuante analógica de confesión tardía al haber reconocido los hechos desde el momento de su detención. Y ello porque se trató de un reconocimiento de lo evidente y en términos que permitían una postura exculpatoria: la del consumo compartido. Deben quedar al margen de cualquier atenucación aquellos supuestos en los que la aparente confesión se produzca cuando ya no exista posibilidad de ocultar la infracción ante su inmediato e inevitable descubrimiento por la autoridad. Se desestima también la solicitud del recurrente de que se le apreciara la atenuante de dilaciones indebidas. No obstante reprochar la sala que se trata de una cuestión nueva que no se planteó en la instancia, la sala aborda la misma en atención a que el Ministerio Fiscal contestó a dicha alegación en su escrito de oposición al recurso. Y lo hace desestimando su apreciación en atención a que el proceso no ha durado, desde la imputación, más de cinco años y ha seguido un curso en el que no se observan paralizaciones o retrasos injustificados.
Resumen: El condenado por un delito de conducción bajo los efectos del alcohol apela la sentencia, alegando error en la valoración de la prueba, cuestionando la relación entre el consumo de alcohol y el accidente de tráfico. La Audiencia desestima el recurso. El relato de los hechos probados, indica que el condenado, tras haber consumido alcohol, sufrió un accidente, siendo encontrado en un estado que evidenciaba su embriaguez. Las pruebas de alcoholemia realizadas posteriormente confirmaron tasas de alcohol superiores a las permitidas. La. declaración plenaria de los agentes permite acreditar, por un lado, la presencia de alcohol en el aire espirado por el recurrente, en una tasa que excede en mucho los niveles administrativos permitidos, y, por otro, la conducta exteriorizada y la indubitable presencia de una serie de síntomas compatibles con una previa e intensa ingesta alcohólica. La valoración de la prueba realizada en primera instancia fue correcta y suficiente para establecer la culpabilidad del condenado, destacando que el tipo penal aplicado no exige que el alcohol actúe como única causa de la conducta viaria irregular o de la producción del accidente, sino que se proyecte, en la misma, influyéndola. Aun admitiendo que no pudiera determinarse la tasa por desconocerse el momento concreto de producción del accidente, la sintomatología evidenciada por los primeros agentes que asistieron al acusado al llegar al lugar de los hechos era tan evidente que la presunción efectuada resultaría válida al no quedar contradicha por prueba en contrario. La curva de afección, aún con el alto resultado y el tiempo transcurrido, se encontraba de bajada lo que evidencia una influencia y tasa mucho mayor al momento de producción del siniestro que permite la aplicación del tipo en su apreciación objetiva de afección en la conducción.
Resumen: Solicitud de extradición para enjuiciamiento de hechos calificables como delito de cohecho, delito de estafa y de blanqueo de capitales. Privilegio de inmunidad respecto por haber ejercido cargo como funcionario de las Naciones Unidas: no se ha acreditado en el momento actual tenga la citada condición, ni que en el caso de ostentarla, el Secretario General de Naciones Unidas haya decidido si procede la aplicación de dichas prerrogativas e inmunidades. Las autoridades de los Estados Unidos de América ostentan jurisdicción para el conocimiento de los hechos objeto de la presente demanda, por cuanto algunos de ellos ocurrieron en su territorio, siendo por ello de aplicación del principio de la ubicuidad. Debe ser frente al órgano judicial requirente de la presente extradición ante quien debería hacerse valer el supuesto "non bis in idem". Los hechos presuntamente delictivos por los que se dirige la acusación están perfectamente individualizados, sin que exista una duplicidad en los mismos. El delito de conspiración objeto de la presente reclamación extradicional estaría tipificado en nuestro ordenamiento jurídico penal como delito de pertenencia o integración a organización o a grupo criminal. Concurrencia de doble incriminación. La alegación de motivos políticos carece de la mínima base objetiva.
Resumen: Omisiones no sustanciales en la sentencia que no determinan falta de motivación. No puede considerarse provocado el delito. Hechos que según la legislación española no serían constitutivos de delito de terrorismo, por lo que se autoriza la entrega respectos a la globalidad de hechos, pero sin admitir su carácter terrorista, excluyendo uno de los cargos, aunque sin impedir que el Estado requirente adecue su persecución a los cargos expresamente autorizados: tráfico de armas de guerra, colaboración/pertenencia a organización criminal de carácter trasnacional y delitos contra la salud pública. La falsificación de certificados no constituye un objeto autónomo de la extradición, sino un acto accesorio e inseparable del plan principal. Dada la naturaleza de los hechos y cargos autorizados no se estima necesario blindar el principio de especialidad. VOTO PARTICULAR: considera que debió ser desestimado el recurso, a que la extradición se concede por hechos y no por delitos, por lo que no puede imponerse a la Parte requirente por qué tipos penales de su legislación puede o no perseguirlos en su territorio, ni denegar la entrega porque discrepe de la calificación y clasificación delictiva que de manera provisional se dé en el país requirente a tales hechos, perseguibles penalmente en nuestro país.
Resumen: Solicitud de extradición para enjuiciamiento de hechos calificables como un delito de formación de una asociación o acuerdo con objeto de preparar y facilitar el abandono de personas del territorio marroquí de modo ilícito, habitual y a título oneroso. No se aprecia falta de garantías de un juicio justo y riesgo de tratos inhumanos o degradantes, ni que la extradición tenga finalidad política. El arraigo en España no constituye causa de denegación de la extradición.
Resumen: Se apela el Auto que denegó el beneficio de suspensión de condena por concurrir en el penado la condición de reo habitual, alegando que se cumplen los requisitos del art. 80.3 CP, al entender que no puede considerarse reo habitual, pues de la hoja de antecedentes penales se desprende que el grueso de las condenas lo son por otro tipo de delitos y que la pena impuesta es inferior a dos años de privación de libertad, aduciendo que su cumplimiento frustraría los fines de prevención y reinserción social, máxime tratándose de una codena por delito cometido en el año 2021. La Audiencia desestima el recurso. Revisada la hoja histórico-penal, resulta que el apelante fue condenado, además de por el delito contra la seguridad vial de conducción sin permiso objeto de esta causa, por otros tres delitos de conducción sin permiso cometidos en el año 2024, y también por otro delito contra la seguridad vial, de conducción bajo el influjo de bebidas alcohólicas, cometido en el año 2023. Es palmario, por tanto, en contra de lo que se alega, que concurre en el penado la condición de reo habitual, conforme al art. 94.1 CP, siendo irrelevante que haya sido condenado también por otros delitos más graves de distinta naturaleza, quedando expresamente excluida la concesión del beneficio de suspensión de condena por vía del art. 80.3 CP para los reos habituales. Los antecedentes penales del recurrente revelan su persistencia en la actividad delictiva en época reciente, por lo que no es razonable esperar que la ejecución de la pena no sea necesaria para evitar la comisión futura de nuevos delitos.
Resumen: Se desestima la queja por error en la valoración de la prueba formulada por el condenado por abusos sexuales reiterados sobre la hija de su compañera sentimental, cuando aquella tenía entre 10 y 12 años de edad. Se rechaza el cuestionamiento que hace el recurrente de la fiabilidad y peso acreditativo que el tribunal de instancia otorga a los testimonios de la menor y de su madre al condenar solo por algunos de los hechos de los que venía acusado y absolver por otros. Frente a lo sostenido por el recurrente, la falta de persistencia y consistencia respecto de los tres episodios por los que no se condena, no tienen por qué implicar un cuestionamiento de la fiabilidad del testimonio de la menor respecto de aquellos otros dos hechos en los que el relato sí ha sido persistente, claro, contundente y sin contradicciones. Tales imprecisiones e impersistencias no implican un cuestionamiento indiscriminado de la sinceridad del testimonio de la menor, pues se explican fácilmente en la dificultad de recordar detalles cuando se trata de abusos sexuales prolongados en el tiempo, la minoría de edad de la testigo y el tiempo transcurrido. La Sala advierte un error en la calificación jurídica no denunciado por las acusaciones y cuya aplicación perjudicaría al recurrente, por lo que excluye su aplicación en la alzada por exigencias derivadas de la prohibición de reformatio in peius. Sí se acoge la queja del recurrente por indebida inaplicación como muy cualificada de la atenuante de dilaciones indebidas apreciada solo como simple en la instancia. Justifica la Sala su decisión en que la duración total del procedimiento desde su incoación hasta el dictado de sentencia en primera instancia ha excedido de un ocho años y dos meses, con injustificada paralización del trámite durante sendos períodos de tres años cada uno de ellos por causas no imputables al acusado.
Resumen: Ejecución de OEI que debe realizarse de la misma forma y con arreglo a las mismas modalidades que si la medida de investigación en cuestión hubiera sido ordenada por una autoridad del país de ejecución. Contra el auto que acuerde la transmisión de una OEI por un juez podrán interponerse los recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal; sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos. Cuando sea España la autoridad de ejecución, los recursos contra la decisión de transmisión deberán ser formulados ante las autoridades judiciales del Estado requirente, según su propia legislación interna. No existe disposición legal alguna que avale la imposibilidad de recurrir el auto que no accedió a la personación en las actuaciones de la defensa del investigado.
Resumen: Cambio de título extradicional: La petición de extradición se ve sustentada en la sentencia firme condenatoria, sin perjuicio de la necesidad de un documento que implique la detención, como es la orden de detención internacional dada, cualquiera que sea su fecha. El juicio en ausencia no es causa de denegación de la extradición, sino únicamente de condicionamiento de la entrega a la celebración de un nuevo juicio. Es conveniente la prestación de la garantía formal y expresa, como condición previa, de celebración de un nuevo juicio con presencia del acusado y debidamente asistido de abogado de su elección. La desproporción punitiva no es motivo de denegación de la extradición. Prestación de la garantía previa de que la pena de condena perpetua a que ha sido condenado el reclamado no sea una pena privativa de libertad incondicional e invariable de por vida.
